La “Octava papeleta”

La “Octava papeleta”

Armando Novoa

¿Se trata del apoyo popular a las negociaciones de paz? ¿De ratificar los acuerdos de La Habana? ¿O de citar a una nueva Constituyente? La propuesta es confusa y – por ahora- solo la primera opción tendría sentido. Radiografía de las consultas ciudadanas.

Armando Novoa García*

La propuesta

http://forexoptiondemo.es Piedad Córdoba se reunió hace poco con el presidente Santos y le propuso abrir el debate sobre la posibilidad de incluir en las elecciones del 25 de mayo una papeleta para que los electores pudieran pronunciarse sobre el proceso de paz y la convocatoria a una “asamblea nacional constituyente popular”.

Posteriormente la exsenadora declaró a El Espectador que la consulta no tenía “necesariamente” ese propósito, pero sí que “se pensara en la posibilidad de un mecanismo que avalara en forma categórica los diálogos”. Agregó también que en el transcurso de los próximos días el presidente se referirá al tema.  

La  iniciativa puede ayudar a la continuidad de las actuales negociaciones de paz, pero es confusa. 

Reacciones opuestas

Los congresistas de izquierda de las Comisiones de Paz del Congreso apoyaron la propuesta y así lo expresaron en un medio radial. El representante a la Cámara y nuevo senador electo Iván Cepeda señaló que veía la idea con buenos ojos, pero que era “necesario examinar bien los alcances jurídicos que tiene y  desde esa perspectiva ver si realmente  es una iniciativa que podría interferir con esa refrendación”. Para el senador Luís Carlos Avellaneda, se trata de “ una buena iniciativa , la paz es un derecho y deber de todos los colombianos y una manera de cumplir  con ese deber es pronunciándonos con esa papeleta del día de las elecciones”.

Otros rechazaron la idea. El registrador señaló que para hacer la consulta se “necesita una ley” y algunos analistas cercanos al uribismo la desconceptuaron, como Darío Acevedo, quien consideró que la propuesta pretende asegurar un acuerdo de “impunidad”, que pondría “en riesgo las instituciones”.  Álvaro Uribe reaccionó en contra de la propuesta de forma contundente: “No permitiremos una constituyente con los terroristas”


En 1990 movimientos estudiantiles promovieron la
Séptima Papeleta, durante las elecciones al senado.
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil 

Una propuesta confusa

La  iniciativa puede ayudar a la continuidad de las actuales negociaciones de paz, pero es confusa. No está claro si se trata de una consulta al pueblo para convocar una asamblea constituyente, o de refrendar las negociaciones de paz mediante esa consulta.

El tema debe analizarse con atención pues contiene dos elementos de fondo: la suerte del proceso de paz y la eventualidad de una nueva Constitución.

La propuesta tiene dos ingredientes distintos: la selección de un procedimiento para que el pueblo se pronuncie y la pertinencia de convocar una constituyente en medio de un proceso de paz.

Antecedentes

Durante las dos últimas décadas en Colombia han sido frecuentes las auto-convocatorias de sectores ciudadanos que pretenden abrir espacio para la paz y para la solución negociada del conflicto interno:

1. La convocatoria liderada por los estudiantes de la “séptima papeleta” en 1990. Se llamó así porque por ese entonces no existía el tarjetón electoral, sino las papeletas para votar a las corporaciones y cargos de elección popular (las otras seis papeletas eran las de concejos, asambleas, senado, cámara, alcaldías y la consulta liberal). La papeleta pretendía crear un hecho político que obligara a convocar la asamblea constituyente [1]. La Registraduría se opuso al escrutinio, pero el gobierno de Virgilio Barco le dio vía libre: mediante el decreto presidencial 923 de 1.990 se ordenó a la organización electoral contabilizar los votos depositados por esta “séptima papeleta [2].

En ese momento no había posibilidad de acudir al constituyente primario pues la Constitución de 1986 y sus reformas no lo contemplaban. Finalmente las fuerzas políticas provenientes de la insurgencia y los partidos tradicionales se comprometieron con la iniciativa. Un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia la avaló y permitió la  “ruptura pactada” del orden institucional anterior (sentencia del 25 de mayo de 1990).

2. El “Mandato Ciudadano por la Paz, la vida y la libertad”. En este caso, el procedimiento fue la expedición de un decreto presidencial que exhortó a las autoridades electorales a prestar apoyo y a contabilizar los votos a favor de una papeleta por la paz y el rechazo a la guerra y sus atrocidades [3]. El Mandato alcanzó 10 millones de votos y tuvo un impacto significativo. El más importante fue la apertura de la negociación de paz entre las FARC y el Gobierno de  Andrés Pastrana en El Cagúan.

En estos momentos la propuesta de una asamblea nacional constituyente no es pertinente.

La Corte Constitucional le negó cualquier valor jurídico al Mandato y lo calificó como una “acción pedagógica con valor político y moral” pero sin consecuencias sobre el orden institucional (Sentencia C-339 de 1998).

3. La convocatoria  del “voto Caribe” de marzo de 2010. En esta ocasión se propuso un pronunciamiento ciudadano en los departamentos de la costa Atlántica para  constituir la Región Caribe como entidad territorial [4]. El Consejo Nacional Electoral autorizó a la Registraduría Nacional para que organizara la consulta y contabilizara los votos. También en este caso la votación se consideró una acción  pedagógica y no una decisión vinculante o con efectos jurídicos.

Aunque la consulta concitó el apoyo de los congresistas costeños y de los candidatos presidenciales, su principal promotor, el gobernador Verano de la Rosa, afirmó luego que los dos millones y medio de papeletas contabilizadas fueron un “saludo a la bandera” pues la nueva ley de ordenamiento territorial desatendió su mandato.

En esta relación no incluyo las movilizaciones del “no más” que fueron convocadas durante el gobierno Uribe. Aunque lograron un apoyo popular significativo en contra de la violencia guerrillera, no fueron convocatorias al pueblo para impulsar un cambio institucional o para dar solución política al conflicto armado.


La octava papeleta permitiría sondear el apoyo de la
ciudadanía a el proceso de paz con las Farc.
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Factores comunes

Todas las convocatorias al pueblo han tenido cuatro elementos en común:

· La iniciativa surge de sectores sociales heterogéneos;

· Los mecanismos utilizados fueron de naturaleza extra institucional, incluso después de la Constitución del 1991;

· Fueron mecanismos “sui generis” porque no están contemplados en la ley, y

· En todos los casos se logró el apoyo de las autoridades electorales para el escrutinio de la votación.

A diferencia de las otras tres consultas, las consecuencias jurídicas del “mandato ciudadano” y del “voto caribe” fueron nulas, aunque produjeron nuevos hechos políticos y motivaron una significativa movilización ciudadana.

Estas auto-convocatorias ciudadanas tienen además otros elementos de identidad:

· apelan a estrategias de movilización innovadoras;

· defienden su autonomía de los partidos políticos y de los actores armados;

· aprovechan las coyunturales electorales sin comprometerse con ninguna de las opciones en juego, y

· estimulan nuevos escenarios de cooperación y consenso sin exclusiones [5].

La “octava papeleta” y los riesgos de hoy

Hoy existe una situación particular, diferente de las coyunturas anteriores: en las élites de poder no existe acuerdo sobre cómo cerrar el conflicto armado, predomina un ambiente de extrema polarización sobre las negociaciones de La Habana y el exceso de poder presidencial es materia de críticas.

En esas condiciones, la posibilidad de avanzar en la “octava papeleta”, esta llena de escollos, pero podría ser útil para crear una base ciudadana de apoyo al proceso de paz. Se  debería dejar de lado la pretensión de convocar una asamblea constituyente para “refrendar” los acuerdos de paz, pues estos aún no se concretan. Se necesitan nuevos gestos de las partes, y especialmente de la guerrilla, para desescalar la confrontación.

Si ello fuera posible y se llevara a cabo la consulta, el ambiente político podría cambiar y pasar del escepticismo a la esperanza.

La Constituyente es inoportuna

En estos momentos la propuesta de una asamblea nacional constituyente no es pertinente por varias razones:

· Existen fuerzas poderosas que se oponen a ella y los sectores que representan programas de cambio alternativo son minoritarios, como lo acaban de demostrar las elecciones para el Congreso.

· Prima un clima de escepticismo sobre el éxito del proceso de paz.

· Convocar una asamblea sin culminar el conflicto o, peor aún, en medio de él, como si se tratara de un armisticio -un acuerdo entre dos fuerzas beligerantes en igualdad de condiciones- es poco realista y es un salto al vacío.

· Se requiere un alto nivel de consenso político, inexistente en el país.

No parece viable que en el corto tiempo se adelante una consulta para convocar una constituyente, pero sí para lograr un apoyo en las urnas a los avances en la negociación.

Lo paradójico de todo esto es que existen razones de peso para pensar en mecanismos extraordinarios de reforma constitucional. Una de ellas es que el Congreso recién elegido no tiene la legitimidad para hacer cambios necesarios e inaplazables como la reforma política y a la justicia.

Como ocurrió en Sudáfrica, convocar a una constituyente solo sería posible en un escenario del post-conflicto, y no en medio de él, ni como condición para terminarlo, que es lo que parece no entenderse.

En esas condiciones no parece viable que en el corto tiempo se adelante una consulta para convocar una constituyente, pero sí para lograr un apoyo en las urnas a los avances en la negociación. Para ello no se necesita una ley, pero si voluntad institucional y fuerza social, para esto si es importante discutir la propuesta de la “octava papeleta”.

 

* Ex – presidente de Comisión Especial Legislativa, director del Centro de Estudios Constitucionales “Plural”.

Notas:

[1] La “octava papeleta” en las elecciones de marzo de 1.990 contenía el siguiente texto: “Voto por Colombia. Sí a una Asamblea Constituyente cuya integración represente directamente al pueblo colombiano con el fin de reformar la Constitución Nacional. En ejercicio de la soberanía reconocida en el artículo 2° de la Constitución Nacional, el poder electoral escrutará este voto”.

[2] El texto de la papeleta que ordenó escrutar el Decreto 923 decía: “Para fortalecer la democracia participativa, ¿vota por la convocatoria de una asamblea constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la Nación, integrada democrática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia?  SI     NO”

[3] VOTO POR LA PAZ, LA VIDA Y LA LIBERTAD

“Me comprometo a ser constructor de Paz y Justicia Social, a proteger la vida y a rechazar toda acción violenta y acojo el Mandato de los Niños por la Paz. NO MÁS ATROCIDADES: respeten el Derecho Internacional Humanitario. 

*No vinculen menores de 18 años a la guerra.

*No asesinen.

*No secuestren personas.

*No desaparezcan personas.

*No ataquen a la población civil ni la desplacen por la fuerza.

*No vinculen civiles al conflicto armado”.

[4] El texto de la papeleta era así: “Voto a favor de que los departamentos del Caribe colombiano constituyan la Región Caribe como una entidad territorial de derecho público con autonomía política, administrativa, financiera dentro del Estado y la Constitución de la República de Colombia”.

 

 

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